La comisión de valoración del concurso eólico convocado por la Xunta para aprobar la lista de solicitudes admitidas a trámite por orden de prioridades se reunirá hoy para tomar una decisión sin que la parte socialista del Gobierno (representada por las consellerías de Medio Ambiente y Política Territorial) haya tenido ocasión de ver la lista elaborada por una subcomisión de la Consellería de Industria.
La relación de aspirantes con opción a hacerse con un trozo de la tarta de 2.325 nuevos megavatios de potencia eólica ha sido confeccionada por tres personas, una de ellas el director del Instituto Enerxético de Galicia (Inega), Xoán Ramón Doldán. Y no será hasta esta tarde que la parte socialista del Gobierno representada en la comisión de valoración conozca la puntuación que ha merecido cada una de las solicitudes presentadas a juicio exclusivamente de Industria.
Traslado de Ence.
Al concurso eólico se han presentado 170 grupos empresariales que, en conjunto, solicitan diez veces más potencia energética de la prevista. Entre los más relevantes se cuentan los promotores del traslado de Ence, a los que Industria propone primar para facilitar que la fábrica de pasta de papel salga de la ría de Pontevedra.
En él están los empresarios Manuel Jove, ex presidente de Fadesa; Jacinto Rey, presidente la Constructora San José, y Epifanio Campo, accionista del Banco Gallego, que solicitaron 638 megavatios a través de Inveravan Gestión de Inversiones.
Además, hasta cuatro grupos plantean ofertas por el doble del total de la potencia a repartir: Unión Fenosa y su socio italiano Enel; la firma Norvento, participada por la familia lucense Fernández Castro y Caixa Galicia, y Energías de Portugal.
La resolución del concurso eólico, que dará lugar a un negocio de 5.000 millones de euros, ya creó problemas en el pasado entre los socios del Gobierno bipartito, como quedó patente a comienzos de noviembre cuando el conselleiro de Medio Ambiente, Manuel Vázquez, cuestionó la posibilidad de autorizar concesiones fuera de las áreas permitidas por la planificación oficial. En aquella ocasión, el conselleiro de Industria, Fernando Blanco, aseguró que de hacer caso a las críticas estaría cometiendo un delito porque no se pueden modificar las condiciones del concurso.
Fuente: El Pais.
La relación de aspirantes con opción a hacerse con un trozo de la tarta de 2.325 nuevos megavatios de potencia eólica ha sido confeccionada por tres personas, una de ellas el director del Instituto Enerxético de Galicia (Inega), Xoán Ramón Doldán. Y no será hasta esta tarde que la parte socialista del Gobierno representada en la comisión de valoración conozca la puntuación que ha merecido cada una de las solicitudes presentadas a juicio exclusivamente de Industria.
Traslado de Ence.
Al concurso eólico se han presentado 170 grupos empresariales que, en conjunto, solicitan diez veces más potencia energética de la prevista. Entre los más relevantes se cuentan los promotores del traslado de Ence, a los que Industria propone primar para facilitar que la fábrica de pasta de papel salga de la ría de Pontevedra.
En él están los empresarios Manuel Jove, ex presidente de Fadesa; Jacinto Rey, presidente la Constructora San José, y Epifanio Campo, accionista del Banco Gallego, que solicitaron 638 megavatios a través de Inveravan Gestión de Inversiones.
Además, hasta cuatro grupos plantean ofertas por el doble del total de la potencia a repartir: Unión Fenosa y su socio italiano Enel; la firma Norvento, participada por la familia lucense Fernández Castro y Caixa Galicia, y Energías de Portugal.
La resolución del concurso eólico, que dará lugar a un negocio de 5.000 millones de euros, ya creó problemas en el pasado entre los socios del Gobierno bipartito, como quedó patente a comienzos de noviembre cuando el conselleiro de Medio Ambiente, Manuel Vázquez, cuestionó la posibilidad de autorizar concesiones fuera de las áreas permitidas por la planificación oficial. En aquella ocasión, el conselleiro de Industria, Fernando Blanco, aseguró que de hacer caso a las críticas estaría cometiendo un delito porque no se pueden modificar las condiciones del concurso.
Fuente: El Pais.
