Varias firmas sostienen que hubo irregularidades en la mesa de valoración que puntuó los parques.
Las empresas acusan a la consellería de impedir el acceso a expedientes, pese a haber alardeado de transparencia.
Gresca en el día de los enamorados. Hoy concluye el plazo para la presentación de los recursos al concurso eólico en vía administrativa (ante la propia Consellería de Industria). Como se esperaba, el polémico reparto del viento gallego firmado el 26 de diciembre no ha terminado en abrazos entre el sector y la Xunta. Casi una decena de empresas confirmaron la presentación formal de recursos de reposición. Y en muchos de ellos habrá un denominador común: exigir la suspensión cautelar del procedimiento por las dudas sobre su legalidad.
La segunda gran queja, casi unánime, alude a las trabas que Industria les ha puesto a los concursantes para comprobar la documentación y armar sus argumentos legales. «Ninguna empresa ha podido ver al completo ni siquiera su propio expediente, y mucho menos el de sus competidores», se lamentaban ayer fuentes jurídicas de alguna empresa.
Unión Fenosa, Banco Pastor, Eurovento o Gas Natural ya habían manifestado su intención de recurrir, algo que harán también otras compañías de menor entidad. El primer operador mundial y otro de los grandes derrotados del concurso, Iberdrola, aún no ha decidido si presentará el recurso de reposición o irá directamente al contencioso. La compañía que preside Ignacio Sánchez Galán sigue esperando que la consellería le facilite el acceso a los expedientes.
Entre los argumentos jurídicos hay otro recurrente. El que cuestiona la legalidad de las decisiones adoptadas por la mesa de valoración, una vez que los representantes de Medio Ambiente y Política Territorial la abandonaron y expusieron sus dudas legales sobre el proceso.
En general, buena parte de las empresas que han decidido recurrir ahora, a las que se sumarán muchas otras que no se han acogido a la vía administrativa, optarán después por los recursos contenciosos ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Quienes no hayan protestado ante Industria tienen aún otro mes de plazo para acudir a los juzgados. Los que interpongan recursos de reposición disponen de más tiempo. Industria debe contestar los recursos en un mes o dejar transcurrir seis para lograr un silencio negativo. Si contesta, abre un plazo de dos meses para acudir al contencioso. Si no, transcurrido el medio año las empresas tendrían todavía seis meses más para llegar al Tribunal Superior.
Fuentes jurídicas explican que, de acuerdo con la ley de procedimiento administrativo, en cuanto empiece el contencioso la Administración estará obligada a facilitar estos expedientes. Cuando esto se produzca, las empresas tendrán otros veinte días de plazo para analizar la documentación y formalizar la demanda contra la resolución de Industria.
Esta cascada de recursos coincidirá en el TSXG con una docena de pleitos ya en marcha: los presentados por las eólicas contra el primer reparto efectuado por el BNG a su llegada a Industria. Los 563 megavatios distribuidos a principios del 2007, los últimos bajo la legislación del PP, fueron recurridos por cuatro empresas. Industria tardó diez meses en presentar la documentación en los juzgados. Ahora, de los 172 aspirantes que acudían a la puja eólica solo fueron admitidos los proyectos de 29 parques que suman 2.290 megavatios.
Fuente: La voz de Galicia.
La segunda gran queja, casi unánime, alude a las trabas que Industria les ha puesto a los concursantes para comprobar la documentación y armar sus argumentos legales. «Ninguna empresa ha podido ver al completo ni siquiera su propio expediente, y mucho menos el de sus competidores», se lamentaban ayer fuentes jurídicas de alguna empresa.
Unión Fenosa, Banco Pastor, Eurovento o Gas Natural ya habían manifestado su intención de recurrir, algo que harán también otras compañías de menor entidad. El primer operador mundial y otro de los grandes derrotados del concurso, Iberdrola, aún no ha decidido si presentará el recurso de reposición o irá directamente al contencioso. La compañía que preside Ignacio Sánchez Galán sigue esperando que la consellería le facilite el acceso a los expedientes.
Entre los argumentos jurídicos hay otro recurrente. El que cuestiona la legalidad de las decisiones adoptadas por la mesa de valoración, una vez que los representantes de Medio Ambiente y Política Territorial la abandonaron y expusieron sus dudas legales sobre el proceso.
En general, buena parte de las empresas que han decidido recurrir ahora, a las que se sumarán muchas otras que no se han acogido a la vía administrativa, optarán después por los recursos contenciosos ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Quienes no hayan protestado ante Industria tienen aún otro mes de plazo para acudir a los juzgados. Los que interpongan recursos de reposición disponen de más tiempo. Industria debe contestar los recursos en un mes o dejar transcurrir seis para lograr un silencio negativo. Si contesta, abre un plazo de dos meses para acudir al contencioso. Si no, transcurrido el medio año las empresas tendrían todavía seis meses más para llegar al Tribunal Superior.
Fuentes jurídicas explican que, de acuerdo con la ley de procedimiento administrativo, en cuanto empiece el contencioso la Administración estará obligada a facilitar estos expedientes. Cuando esto se produzca, las empresas tendrán otros veinte días de plazo para analizar la documentación y formalizar la demanda contra la resolución de Industria.
Esta cascada de recursos coincidirá en el TSXG con una docena de pleitos ya en marcha: los presentados por las eólicas contra el primer reparto efectuado por el BNG a su llegada a Industria. Los 563 megavatios distribuidos a principios del 2007, los últimos bajo la legislación del PP, fueron recurridos por cuatro empresas. Industria tardó diez meses en presentar la documentación en los juzgados. Ahora, de los 172 aspirantes que acudían a la puja eólica solo fueron admitidos los proyectos de 29 parques que suman 2.290 megavatios.
Fuente: La voz de Galicia.
